A pesar de que la publicidad emitida cuando presentó la oferta aseguraba que los precios serían «finales y para siempre», Telefónica ha subido tres veces el importe de un paquete de productos. Ahora, la empresa acaba de anunciar un nuevo incremento, el cuarto en poco más de un año. Se trata del típico engaño al que estamos acostumbrados los sufridos consumidores de telefonía.

Como si fuera un regalo de Navidad, dos comunidades autónomas acaban de anunciar sendos expedientes sancionadores contra esta compañía. En concreto, Andalucía le ha impuesto una multa de 6,23 millones de euros por haber incurrido en prácticas como publicidad engañosa y cláusulas abusivas, más el comiso de lo que calcula que ha cobrado ilícitamente. Por su parte, Madrid ha impuesto una sanción de 30.000 euros por idénticas prácticas.

Con tales antecedentes se plantea una miríada de cuestiones que provocan perplejidad: ¿Por qué si se trata de una práctica habitual no se ha actuado antes, desde el primer momento, y contra todas las operadoras? ¿Por qué el engaño a un andaluz se sanciona hasta trescientas veces más con respecto a un madrileño? ¿Quién nos asiste a los consumidores que pertenecemos a otras autonomías? ¿Dónde está el Gobierno central, teórico baluarte para que no se generen agravios entre los españoles? ¿A qué se han dedicado el resto de las comunidades autónomas, que son las administraciones sobre las que recae las principales competencias en materia de Consumo?
Y la Junta de Valladolid, ¿dónde está? ¿Se habrá perdido entre las nieblas del Pisuerga? ¿Qué tiene que decir al respecto?.

Solo una cuestión más: ¿Alguno de nuestros políticos se va a interesar por un aspecto que afecta a decenas de miles de leoneses?