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Cartas al Director

Por qué Victorino Alonso no puede quedarse con la Hullera

J.L.B.

Victorino Alonso pretende monopolizar el control del carbón en la provincia de León con la compra del cielo abierto de la Hullera.

No es todo oro lo que reluce, detrás del interés del magnate de la minería leonesa por la adquisición del cielo abierto de la Hullera Vasco Leonesa, y más allá del carácter social que proclamaba después de la reunión con los sindicatos  en el ayuntamiento de La Robla,   se esconde un claro control y monopolio  de la venta de carbón en la provincia de León y de España, de esta manera Victoirino Alonso  se haría con prácticamente la totalidad de extracción de carbón de la montaña leonesa. A pesar del interés del empresario minero, la CNMC(comisión nacional de mercados y de la competencia) debería pronunciarse y hacérselo saber al Administrador Concursal ya que si se consuma la venta al Grupo Alonso del cielo abierto de la Hullera se podría estar incumpliendo la Ley de defensa de la Competencia.

El oscurantismo del Grupo Alonso

A pesar de los distintos  procedimientos concursales y judiciales en los que se encuentran inmersas las distintas empresas de Victorino Alonso, el mismo empresario se encargó  de comunicar a los medios que la adquisición la realizaría el Grupo Alonso sin especificar que compañía se encargaría de la compra y  si está, estaría  ubicada en territorio nacional o no. Destacar que bajo el paraguas del Grupo Alonso se alojan un conglomerado de empresas dedicadas a distintas actividades empresariales  algunas de ellas en periodo de liquidación concursal y otras dentro  ásperos  procedimientos judiciales como el caso de FERPI con una orden de embargo de 64 millones de €.

Procedimiento del administrador concursal

El  administrador concursal, cuya principal misión sería intentar generar la mayor cantidad de dinero  con el menor coste laboral, social y económico posible para atender  a todos los acreedores pendientes de cobro   de la manera más rentable para la Hulllera. En un primer paso, debería  proceder al desmantelamiento de la mina con las ayudas previstas para ello por parte la JCYL y los recursos propios que pueda enajenar  de las instalaciones y propiedades  para atender a los costes de personal y sociales.  Como complemento para soportar  estos costes, con el fin de hacer viable la compañía y mantener los empleos, el administrador concursal debería en el menor tiempo posible y siempre que exista  demanda  de carbón, iniciar la extracción de carbón del cielo abierto y así poder atender a los pagos tanto de los trabajadores como de los acreedores pendientes.Lo más conveniente sería, que tanto el desmantelamiento de la zona de interior como la explotación del cielo abierto se realizara por parte de el administrador concursal  ya que existen zonas comunes de trabajo, las cuales en el caso de que existiera  por un lado la una empresa ajena al administrador concursal explotando el  cielo abierto y por otro lado el administrador concursal cerrando el interior podrían generarse distintas controversias entre los trabajadores de las distintas empresas.

Dudas entre los trabajadores

Otro de los detalles que no quedó aclarado a los sindicatos en la reunión de La Robla fue la situación en la que quedarían los trabajadores, ya que, varios de los empleados  se tendrían que desplazar a minas en Asturias y en  El Bierzo del Grupo Alonso sin ningún incremento salarial y  con una ostensible pérdida de poder adquisitivo y los que quedaran en el cielo abierto de la extinta Hullera pasarían de un contrato dentro del sector de la minería a un contrato dentro del sector de la construcción con la consecuente rebaja salarial  y la pérdida de beneficios laborales que hasta ahora poseían. En caso de que la administración concursal tomara las riendas tanto del cierre como de la explotación del cielo abierto, después de descontar a los trabajadores que se fueran de la Hullera como bajas  incentivadas y los que se fueran  como pase a retiro, se  podrían  mantener la totalidad de los empleos  restantes sin ninguna merma en sus derechos económicos-laborales y sin ningún desplazamiento dentro del territorio nacional.

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