»Ciudadanos debería explicar por qué presume de eliminar el impuesto de sucesiones en Murcia mientras en Valladolid firma mantener a Castilla y León como la quinta autonomía con mayor carga impositiva

En las últimas semanas miles de personas se han echado a la calle para protestar por ese anacronismo injusto, esa auténtica antigualla que grava a los hijos y a los cónyuges por heredar o por donar. Un impuesto que divide a los españoles en dos clases, los que lo pagan y los que se libran de él. Resulta lógico que en las autonomías del primer grupo, aquellas que padecen este gravamen, se sucedan las manifestaciones exigiendo su supresión. Asturias, Andalucía, Aragón y Extremadura conforman las cuatro comunidades que más carga impositiva someten a las sucesiones y las donaciones, y en ellas se han desarrollado las protestas más multitudinarias en contra de este tributo. La siguiente más gravosa, la quinta de entre diecisiete autonomías, es Castilla y León.

En un ejemplo práctico difundido por varios medios nacionales pueden apreciarse las diferencias de las obligaciones tributarias de los herederos, en función de la comunidad donde residan. Ante una situación idéntica, mientras un leonés tendría que pagar casi 90.000 euros, a un gallego se le reduciría el gravamen a la sexta parte (15.000 euros), un riojano pagaría treinta veces menos que el leonés y madrileños y cántabros liquidarían el tributo con poco más de 1.000 euros en cada caso. Eso significa que, por la misma herencia, un vecino de Boca de Huérgano estaría obligado a satisfacer 75 veces lo que pagaría si viviera en Potes. Un escándalo en toda regla. Todo un despropósito para los leoneses cuyo responsable, la Junta, desgravaba el 99% del impuesto hasta el año 2012.

Castilla y León es la comunidad, de entre las gobernadas por los conservadores, donde el impuesto es más alto. Resulta curioso comprobar cómo el PP a nivel nacional presume de gobernar las comunidades que menos gravan las sucesiones y donaciones, pero nada dice sobre la autonomía que ocupa el quinto lugar en presión impositiva por este concepto. Nada dice sobre la desigualdad tributaria que soportan ciudadanos de comunidades limítrofes y gobernadas por el mismo partido. En los próximos días, cuando se discutan los presupuestos autonómicos, Juan Vicente Herrera y los procuradores leoneses del PP deberían explicar por qué un berciano tiene que tributar seis u ocho veces más que un gallego y un vecino de Coyanza o de Sahagún incluso multiplicará por cien lo que se paga en Madrid por las mismas sucesiones o donaciones.

Murcia

Precisamente, mientras se presentaban los presupuestos de Castilla y León, en otra comunidad, en Murcia, debatían la investidura del nuevo presidente. Tanto los presupuestos de la Junta como la investidura del presidente de Murcia son fruto de pactos entre el PP y Ciudadanos. Se trata de los mismos actores, en ambos casos se refieren de una u otra manera al mismo impuesto, el de sucesiones y donaciones, pero no llegan a los mismos acuerdos. Ni parecidos.

Porque mientras en Murcia Ciudadanos se ponía la medalla por haber conseguido, directamente, la supresión del tributo, el presupuesto presentado en Valladolid se limita a elevar el mínimo exento de 250.000 a 300.000 euros. Nada que ver entre un caso y otro. De modo que la formación naranja debería dar explicaciones. Y muchas. Ciudadanos debería explicar por qué presume de eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones en Murcia mientras en Valladolid firma mantener a Castilla y León como la quinta autonomía con mayor carga impositiva. Por qué en la región mediterránea defiende la supresión del impuesto y a orillas del Esla, del Bernesga o del Sil persevera en sus efectos injustos. Por qué en otros lugares apoya la idea de que las transmisiones entre parientes más próximos no deben tributar y en León practica exactamente la política contraria. ¿A qué juega Ciudadanos? ¿O, sencillamente, es que en Murcia tiene negociadores más competentes que en León?

Tanto el PP como Ciudadanos muestran una desfachatez ilimitada al presentar discursos antitéticos según de qué territorios se trate. En este caso se trata del impuesto de los muertos (sucesiones) y de los vivos (donaciones). Pero a la vista de sus políticas erráticas, de sus incoherencias en términos de doble tributación para algunos y para otros no, y del atentado que cometen contra el principio de igualdad para todos los españoles, más parece que tratemos de una sempiterna concatenación de desatinos. O del impuesto de los listos y de los tontos: de las autonomías que lo pagan y de las que lo eluden. O de los pueblos que obligan a sus parlamentarios autonómicos a aprobar leyes tributarias equilibradas, y del resto. Al final, llegaremos a la conclusión de siempre: que hay mucho vivo suelto y que sus desmanes los pagamos todos. Hasta los muertos.