»Las últimas horas han deparado dos ejemplos sobre la necesidad imperiosa de transparencia en los asuntos públicos: la supuesta existencia de tarjetas black en Caja España y la postura de la Unesco con respecto a las obras de la Plaza del Grano.
Agitan sus aguas que parecían calmas, aunque como se ha demostrado tan solo se trataba de un espejismo de silencios interesados. En vísperas de conocerse la sentencia que condenó a Blesa y a Rato por las tarjetas black, los preferentistas de España Duero han denunciado que en la entidad financiera de sus pesadillas también se prodigaban ese tipo de tarjetas. Igual que en Caja Madrid. Una acusación que reviste la suficiente gravedad como para que los máximos responsables de Caja España en aquellos años ofrezcan explicaciones detalladas e inmediatas. Y como para que, de no ofrecerse una respuesta que aporte datos incontrovertibles, quienes dicen tener pruebas acudan a las instancias judiciales pertinentes para que se investiguen los hechos denunciados y se depuren todas las responsabilidades. Caiga quien caiga.
En las cajas controladas por políticos, sindicatos y empresarios algunos practicaron el clientelismo a través de las obras sociales y culturales, en otras ocasiones las cajas se convirtieron en oficinas de colocación de personas afines a determinados consejeros y hubo quien se aprovechó de su posición para, como si de un atajo se tratara, conseguir créditos sobrados de prebendas y de riesgos que asumimos todos. Ahora se proyectan sombras de duda sobre la existencia o no de tarjetas black.
El silencio no puede ser el refugio de quienes son corresponsables de un desembolso de dinero público colosal para rescatar a la banca, una sangría que tantos padecimientos ha ocasionado a los ciudadanos: según el Tribunal de Cuentas el rescate bancario ha costado más de 60.000 millones de euros, 1.305 euros por cada español. Parece que está acreditada la existencia de tarjetas que utilizaban los altos cargos en aquel momento. Queda por clarificar si estas tarjetas eran black o no, quién o quiénes dispusieron de ellas, qué tipo de gastos se cargaban y de qué cantidades estamos hablando en cada caso.
Otros que también se escudan en el silencio. Parecen cómodos agazapados en la oscuridad, aunque las tinieblas abonen sospechas y reafirmen las desconfianzas. El ayuntamiento de León había asegurado que las obras que se están ejecutando en la Plaza del Grano, de las que ya nos hemos ocupado en otra ocasión, contaban con el beneplácito del ICOMOS, una organización no gubernamental que ejerce de asesora técnica de la Unesco. Ahora no está tan claro ese apoyo, pues la presidenta en España de este organismo, Begoña Bernal, en unas declaraciones recogidas por Radio León, acusa al ayuntamiento directamente de mentir.
Esas manifestaciones resultan demoledoras. En ellas asegura que “el dictamen fue absolutamente negativo”, que “era un solo proyecto en el que corría muchísimo peligro la Plaza del Grano” y que “la intervención del ayuntamiento destrozará la plaza”. La crítica hacia el proyecto no puede ser más elocuente. Por su parte, los responsables municipales se limitaron a responder que Begoña Bernal hace (¿de su propio informe?) “una interpretación que no es correcta”. Y se quedan tan anchos.
Cabe preguntarse las razones de tanto desatino, de tanta mascarada. De tanto carnaval, que nada tiene que ver con el que se celebra en estas fechas, con las obras que se llevan a cabo en la Plaza del Grano. Surgen demasiadas comparsas que desafinan, no solo entre los munícipes gobernantes sino también en el seno de la oposición. ¿A qué viene esa obstinación para que no se conozca la verdad sobre la postura del ICOMOS, que es tanto como decir de la Unesco?
Alguien miente y los leoneses tienen derecho a saber quién es. Máxime cuando desenmascarar al embustero resulta sencillo: como expresó su presidenta, el ayuntamiento no tiene más que mostrar las cartas que le envió ICOMOS. Se trata de correspondencia oficial y nada impide hacer público el intercambio de escritos entre las dos instituciones.
Queda confiar en que, de los veintisiete, algún munícipe tenga a bien interesarse por esa correspondencia, fotocopiarla y trasladarla a la opinión pública leonesa. Con ella a la vista quedarán retratados unos y otros, quienes han sido sinceros en sus afirmaciones y aquellos que se enfangan en los lodos de la mentira y de la falsedad en abierta competición con el exministro José Manuel Soria.
Luz y taquígrafos, siempre. Las últimas horas han deparado dos ejemplos sobre la necesidad imperiosa de transparencia en los asuntos públicos: la supuesta existencia de tarjetas black en Caja España y la postura de la Unesco con respecto a las obras de la Plaza del Grano. Dos aspectos que afectan a los intereses de los leoneses. La ciudadanía tiene derecho a obtener toda la información. Pero, hasta la fecha, solo se ha encontrado con la callada como respuesta.