El Tribunal Constitucional debe actuar de inmediato y aplicar medidas coercitivas contra la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, y contra presidente de la Generalitat, Carles Puigdemon, por sus reiteradas desobediencias en relación a la secesión de Cataluña.  La intención de Puigdemon de celebrar un referéndum de independencia en el mes de septiembre del año que viene sólo puede interpretarse como un golpe de Estado. Un «23-F catalán» que, si no se detiene, podría llevarnos hacia una crisis institucional sin precedentes. Si los independentistas consiguen arrastrarnos ante semejante escenario, de nada serviría entonces que se utilice como paliativo la inhabilitación de algunos altos cargos para poner freno al disparate secesionista, sino que habría que ser más expeditivos y aplicar el artículo 155 de la Constitución. (El Gobierno tomaría el control de Cataluña para que se haga cumplir la ley). Una medida que está en la mente de muchos pero en boca de nadie, todavía, por su severidad. Es por ello que el TC debe frenar cuanto antes este sinsentido. Sin esperar a que sea tarde.