El Congreso, el Senado y los distintos parlamentos autonómicos deberían crear un  órgano regulador para que supervise la gestión de las Mesas Parlamentarias. A este órgano se le debería dar la potestad de sancionar o expulsar, si fuera necesario, aquellos miembros de las Mesas que intencionadamente paralicen la actividad parlamentaria buscando con ello algún tipo de rédito partidista o electoral. A nivel estatal –desde que dio comienzo la actual legislatura– hemos visto como el PP, en consenso con Ciudadanos, ha ralentizado o bloqueado la tramitación de iniciativas, enmiendas, proyectos de Ley y no de Ley debido al control que ejercen sobre las decisiones que se toman en La Mesa del Congreso de los Diputados. A nivel autonómico, estamos viendo como la Mesa del Parlament de Cataluña da su consentimiento a diputados independentistas para que puedan votar leyes que son incluso inconstitucionales. En mayor o menor medida –o gravedad– la extralimitación de las Mesas se observa en todos los parlamentos de España. Este tipo de engaños no pueden permitirse en un Estado Derecho. Lo menoscaban.