El artículo 21 del Reglamento del Congreso de los Diputados dice: «El Diputado quedará suspendido en sus derechos y deberes parlamentarios cuando se hallare en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta». Así de comprensible. Sin más. Que la presidenta del Congreso, Meritxel Batet –profesora de Derecho Constitucional– haya querido hacer una pregunta consultiva al Tribunal Supremo sobre la interpretación de este artículo me lleva a pensar dos cosas: primero, que con esta maniobra quiso actuar de manera tendenciosa para favorecer a los presos políticos secesionistas, y segundo, que lo hizo también con idea de ayudar a su partido a conseguir en Cataluña un mayor rédito electoral. No es de recibo que la legislatura que empieza vaya a tener de presidenta en el Congreso a una persona tan excesivamente arbitraria y escorada. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha cometido un grave error al elegir a Batet para llevar a cabo esta función. Con tanto guiño hacia sí mismo y, sobre todo, hacia el independentismo lo único que va a conseguir el presidente es dejar tuerto a España.