La guerra comercial entre EE UU y China, el Brexit y la creciente oleada proteccionista que aplican cada vez más países, son las claves para entender las insistentes advertencias agoreras del Banco Central Europeo (BCE) y que nos hablan de la inminente crisis que se avecina en la zona euro. El presidente del BCE, Mario Dragui, ha empezado a observar de cerca lo que antes apenas se podía vislumbrar en lontananza: ausencia de mejoras y un repunte sostenido de la inflación, que, según su estimación, podría rondar en los próximos años el 2% y mantenerse. Por tal motivo, es su intención aplicar «las herramientas usadas –en el pasado– y que han demostrado ser efectivas». En Román paladino: reactivar la compra de deuda y rebajar los tipos de interés, incluso por debajo del 0%. Interés actual. Y, también, cabe la posibilidad de actuar sobre los tipos de depósito que se cobra a los bancos. La tasa está fijada actualmente en el -0,4%. Todas estas medidas que pronto veremos aplicadas son, a mi juicio, tan oportunas como necesarias, para revitalizar los precios, la actividad comercial y para que los bancos hagan circular de nuevo el dinero en forma de crédito. Sin embargo, tampoco se puede obviar el hecho de que estas medidas irán en detrimento de los inversores. Por lo que muchos se decantarán por invertir en activos refugio: oro, deuda pública, etc. Es lógico.

El artículo 21 del Reglamento del Congreso de los Diputados dice: «El Diputado quedará suspendido en sus derechos y deberes parlamentarios cuando se hallare en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta». Así de comprensible. Sin más. Que la presidenta del Congreso, Meritxel Batet –profesora de Derecho Constitucional– haya querido hacer una pregunta consultiva al Tribunal Supremo sobre la interpretación de este artículo me lleva a pensar dos cosas: primero, que con esta maniobra quiso actuar de manera tendenciosa para favorecer a los presos políticos secesionistas, y segundo, que lo hizo también con idea de ayudar a su partido a conseguir en Cataluña un mayor rédito electoral. No es de recibo que la legislatura que empieza vaya a tener de presidenta en el Congreso a una persona tan excesivamente arbitraria y escorada. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha cometido un grave error al elegir a Batet para llevar a cabo esta función. Con tanto guiño hacia sí mismo y, sobre todo, hacia el independentismo lo único que va a conseguir el presidente es dejar tuerto a España.

A lo largo de mi vida me he topado con muchos hombres a los que le faltaba un hervor o dos minutos de microondas para ser maduros y saber comportarse. Los motivos, varios: egoísmo, estulticia, falta de empatía, etc. En algunos casos, esa tardo-madurez lo canalizan estos individuos mostrando un machismo irracional. Que es el que suele verse por desgracia en algunas competiciones deportivas femeninas. Vayamos con el ejemplo: el pasado 10 y 11 de mayo se disputó el Campeonato de Asturias de Squash, organizado por club de squash de Oviedo. De primeras, el evento parecía que se desarrollaba con total normalidad. Pero cuando llegó la hora del reparto de premios para los ganadores-as, aquí pincharon. A los cuatro varones afortunados que subieron al podio les ofrecieron de premio unos simpáticos trofeos. Y a las cuatro ganadoras, esos mismos simpáticos trofeos y de añadido un consolador, un ‘kit’ de depilación y una lima eléctrica. Lo han leído bien, sí. «Nos quedamos en shock, impactadas e indignadas», comentó después Elisabeth Sado, una de las ganadoras. Hasta tal punto fue así que reconoce que tuvieron que esconder los regalos sexistas detrás del trofeo. La Federación de Squash se lava las manos, a la vez que pide disculpas y patatín y patatán. Y en el Club de Squash de Oviedo ha tenido que forzar un par de dimisiones entre su directiva. En fin, en breve seguro que veremos otro desaguisado parecido. ¡Esta lacra nunca acaba!

No acabo de entender la actitud quejicosa que están teniendo algunos empresarios a cuenta de la nueva ley de «registro de jornada» recién aprobada por el Gobierno y que les obliga contabilizar de manera fehaciente y con exhaustividad la horas trabajadas mensualmente por sus empleados. El histrionismo con el que se han tomado este asunto no tiene lógica. Pues son sabedores que el contratiempo es de fácil solución: para el registro de horarios pueden usar las hojas de firmas como se ha hecho siempre o, si lo prefieren, las máquinas de fichaje con tarjeta o las biométricas –con lectura de huella dactilar o iris–. Y para los casos de empleados con movilidad, existen desde hace tiempo aplicaciones con geolocalización para móviles. El hecho de ver a tanto empresario enervado me lleva a pensar que la aprobación de esta ley ha sido muy oportuna. Y que no iban desencaminados los inspectores de trabajo, pues llevan años instando a que dicho registro fuera obligatorio como única vía para atajar el fraude en las horas extras.

Excelentísimo señor presidente de México, don Andrés Manuel López Obrador, como español que soy quisiera humildemente pedirle disculpas en nombre de su tatarabuelo por las atrocidades que pudiera haber cometido, tanto él como sus coetáneos, durante los terribles años en los que cruelmente contribuyó a la conquista de México (1519-1521). Señor Presidente, por el nombre que lleva y sus apellidos –españoles a más no poder– doy por hecho que ya se ha debido dar cuenta de que su ADN es oriundo de la península ibérica. Dicho sea en román paladino: por desgracia es usted el tataranieto de un despiadado colono del imperio español. Uno de esos que «cometieron actos de autoritarismo, de avasallamiento y que asesinaron a miles de personas durante la colonización de México», según nos comenta. Acierta cuando dice que «la única forma posible de lograr una reconciliación plena es pedir públicamente disculpas por lo acontecido». Por ello creo que en el reconocimiento por escrito que le solicita al Rey de España y al papa Francisco, donde exige que pidan perdón, junto a sus firmas debe  ir también la de usted. Por las atrocidades que cometieron sus antepasados. Por lo afectado que le veo, debieron ser muchas y todas ellas horribles.

Reconozco abiertamente que el PNV de vez en cuando me seduce y atrapa mi voto cuando llegan unos comicios electorales. Aunque soy un constitucionalista confeso y me chirría su salmodia independentista, el PNV me ha ido demostrando con el tiempo que es un partido serio.  Cuando les ha tocado gobernar en tal o cual municipio o institución, he comprobado que son buenos gestores y que se esfuerzan en lo posible en solventar los problemas de todos. También los de aquellos que introdujeron en las urnas papeletas azules, naranjas o de cualquier otro color; como no podía ser de otra manera. El único «pero» que les encuentro es esa pulsión independentista –a la que ya me he referido– intrínseca en ellos y que a menudo les hace desbarrar. En colación a esto, espero y deseo que los jeltzales aparquen su inquietud cismática y digan «no» a una posible alianza con el PDeCAT en las próximas elecciones europeas del 26 de mayo. Ahora que Carles Puigdemont se ha hecho con el control de este partido, lo ha desnortado, convertido en detritos y lo utiliza solo en su propio interés, considero una irresponsabilidad hacer de su causa –o más bien de su vesania– una bandera y pretender que los vascos la sigamos y defendamos por toda Europa como si fuera la nuestra. La respuesta a este propósito debe ser «¡no!».

Leo en algunos medios de comunicación que la Fiscalía ha enviado una circular a la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo para que estudien cómo hacer viable la orden de que se puedan pinchar teléfonos a las víctimas que sufren de violencia de genero. (Con o sin su consentimiento).  Aunque en dicha misiva se indica que esta orden se daría ‘únicamente’ en aquellos casos en los que «se acredite un grave riesgo para la vida de la víctima», huelga decir que el entrecomillado anterior es tan  ambiguo e interpretable que, a poca drama que le quiera añadir cualquier fiscal en su escrito, ya conseguiría la potestad suficiente para pinchar el teléfono de cualquier mujer maltratada. Tras leer la noticia, lo primero que me ha venido a la mente es que esto es un disparate legal. Una de esas ocurrencias que por desgracia salen de  la Fiscalía General del Estado.  Pero luego no he parado de hacerme preguntas que, con su premiso, comparto a continuación: ¿por qué la Fiscalía quiere pinchar el teléfono de la víctima y no el del agresor?, ¿se persigue con ello destapar denuncias falsas?, ¿descubrir, acaso, el motivo de aquellas que han sido retiradas?..  De verdad que no entiendo nada. Que me lo expliquen.

Dentro de la reforma de la ley hipotecaria –aprobada este pasado jueves en el Congreso– se han incluido matices ciertamente proteccionistas en favor del hipotecado, aunque los legisladores han dejado en ella resquicios abiertos que serán aprovechados con total seguridad por los bancos para contrarrestar aquello que les sea desfavorable. Que es mucho.  A modo de resumen, la nueva ley hipotecaria establece lo siguiente: a partir del mes de mayo, que será cuando entre en vigor, la banca tendrá que hacerse cargo del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (los gastos del notario, el registro y la gestoría), y el cliente solo tendrá que atender los gastos de tasación; los intereses por demora no ascenderán en ningún caso el 3%; la nueva ley solo permitirá ejecutar a los bancos desahucios tras el impago de 12 cuotas o el 3% del capital concedido; y también, se incluyen otras medidas menores como el abaratamiento por amortización anticipada o facilidades para poder pasar un crédito de tipo variable a fijo. Hasta aquí, música celestial. Pero como decía al principio los legisladores se han dejado resquicios abiertos por donde los bancos se van a cobrar estas pérdidas. Que son: las comisiones y el interés a aplicar. Es más que probable que a partir de mayo la comisión de apertura para los nuevos créditos hipotecarios suba hasta el 1,5% o el 2% como ocurría antaño. Y que el índice referencial Euribor se incremente en los nuevos créditos por lo menos un 0,5% más. O sea, lo comido por lo servido. Y mi pregunta es, ¿hemos ganado en algo?

Dice Mariano Rajoy que los certificados de credibilidad los reparten los ciudadanos. Pero lo que no dice es que, cuando lo hacemos, los otorgamos con fecha de caducidad. A veces ocurre incluso que pocos meses después de haber introducido la papeleta electoral–cédula fedataria de nuestra confianza– en la urna, los ciudadanos ya estamos arrepentirnos de la decisión tomada. Hoy en día es difícil, por no decir imposible, encontrarse un partido político que cumpla con su programa electoral. Aunque sea mínimamente. Las huelgas y protestas que perlan por doquier son corolario de estos incumplimientos. Desde las pasadas elecciones generales de 2016, están ocurriendo asuntos muy graves en España. No creo que haga falta numerarlos. Pero sí pronunciarse en el sentido de que las respuestas que se dan desde Moncloa y el Congreso para paliar estos problemas –algunos de Estado– son del todo ineficaces. Por no decir improvisadas. Ante todo lo dicho, es de obligada necesidad la celebración de unas nuevas elecciones generales. Mariano Rajoy debe disolver las Cortes cuando le sea posible. El pueblo debe reconducir esta situación según su criterio. Y todas las formaciones políticas han de ser de nuevo evaluadas. Las urnas dirán qué políticos merecen o no renovar el «certificado de credibilidad».

Me ha sorprendido que el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, haya confesado en Radio Euskadi el verdadero motivo por el que su partido ha dado el «sí» a la tramitación en el Congreso de los Presupuestos Generales del Estado: «De esta forma ganamos tiempo para Cataluña y evitamos que Ciudadanos llegue a La Moncloa», ha dicho. Lo deseable hubiera sido oírle decir que el apoyo dado ha sido para mejorar las pensiones de todos los jubilados. Pero no. Aunque se va a producir una subida en éstas gracias a ellos, la finalidad de su alianza con el PP es otra: no dejar caer a Rajoy. En la entrevista explica que si los Presupuestos de 2018 no salieran, Rajoy tendría que convocar necesariamente elecciones en octubre. Y si se cumplen las encuestas, Albert Rivera sería el nuevo inquilino de La Moncloa. Y por ahí los peneuvistas no pasan. «Nosotros somos incompatibles con Ciudadanos. Que llegue a La Moncloa sería un desastre para Euskadi, para el Estado y hasta para Europa», Ortuzar dixit. Para Euskadi, me lo creo. Para el Estado y para Europa, como que no. Cuando ha terminado de hablar Ortuzar, no he podido evitar compararle con el típico acreedor que azuza a su deudor para intentar cobrar lo que le debe antes de que quiebre su negocio. Su deudor obviamente es Rajoy. Hasta que el PNV no se cobre lo suyo hará lo posible por mantenerle en juego.